Desde su creación en el año 1948, el Estado de Israel comete graves violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional. Concre- tamente, la demolición de casas, la confiscación y la anexión de tierras ocupadas, entre otras acciones actualmente cometidas por Israel, están prohibidas por las leyes que regulan las acciones de las potencias ocupantes, específicamente la Cuarta Convención de Ginebra (1).
Por mucho que haya leído de las house demolitions (política de destrucción de casas árabes dentro de Israel y dentro de los territorios ocupados palestinos por parte del Estado de Israel), por mucho que me haya informado y me haya podido hacer una idea concreta, no ha sido hasta el día de hoy cuando me he dado cuenta del verdadero drama y la verdadera magnitud de la tragedia. Todo comenzó con una visita programada a Jerusalén Este, con el carismático y entrañable Meir Margalit.
Jerusalén Este debe ser, probablemente, el área urbana más disputada del planeta. Durante la primera guerra árabe-israelí, en el año 1948, las tropas del Ejército israelí ocuparon lo que hoy conocemos como Jerusalén Oeste y la línea del armisticio —denominada green line, línea verde— quedó establecida justo en la frontera de la Old City, la ciudad medieval amurallada que acoge los principales lugares sagrados de las tres religiones monoteístas: la Explanada de las Mezquitas, el lugar desde el cual, según la religión musulmana, Mahoma ascendió a los cielos; el Santo Sepulcro, donde, según la tradición cristiana, fue enterrado Jesús, y el Muro de las Lamentaciones, los últimos vestigios del antiguo Templo de Salomón, que fue durante siglos el recinto más sagrado para el pueblo judío. De esta manera, la Ciudad Vieja quedaba en la zona oriental de la ciudad, habitada por palestinos y bajo el control del Ejército jordano.
Aún así, en la segunda guerra árabe-israelí del año 1967 (la guerra de los Seis Días), las derrotadas tropas árabes fueron expulsadas por el Ejército judío de Jerusalén Este, así como de Cisjordania y Gaza. De esta manera, se estableció una diferencia entre las zonas conquistadas: mientras que Cisjordania y Gaza eran consideradas, por el Estado de Israel, como territorios ocupados, Jerusalén Este fue anexionado y Jerusalén, en contra de lo que determinaban las resoluciones de la ONU, pasó a considerarse una única ciudad y fue proclamada la capital eterna de Israel. Por eso, los israelíes celebran el año 1967 como el año de la “reunificación” (contrariamente a lo que debería ser la cruda realidad de los hechos: la celebración del año de la ocupación forzada de Jerusalén Este).
A partir de entonces, el Estado de Israel ha desarrollado una intensa política de colonización de Jerusalén Este: ha construido un cinturón de asentamientos que rodean Jerusalén Este por su parte oriental para separar la ciudad de Cisjordania y hacer imposible su devolución a los palestinos, ha llevado a cabo una agresiva política de expulsión de los ciudadanos palestinos, descendientes de los primeros árabes que vivieron allí desde hace trece siglos y, para conseguirlo, han planificado cuidadosamente, entre otras estrategias, una política de demolición de sus casas.
Meir Margalit, un activista y pacifista judío de origen argentino de unos cincuenta años de edad, es uno de los dirigentes y fundadores del ICAHD (Israeli Committee Against House Demolitions, Comité Israelí contra la Demolición de Casas). ICAHD es una organización no violenta que trabaja conjuntamente con palestinos y organizaciones internacionales, realizando acciones directas dedicadas a resistir y acabar con la ocupación israelí dentro de los Territorios Ocupados —incluido Jerusalén Este— así como a ofrecer asistencia técnica y legal para una paz justa entre palestinos e israelíes. Su principal resistencia es contra la política sistemática de demolición de casas palestinas que ejecuta el Estado de Israel y que ha afectado, por ahora, a más de 18.000 hogares en Israel y en los Territorios Ocupados Palestinos desde 1967.
Mientras nos acercamos con el coche al suburbio de Tel El Ful (que pertenece al barrio de Beit Hanina (2), y después de sortear diversos caminos con una fuerte pendiente, llegamos a una zona elevada donde se empiezan a ver ruinas de casas derruidas en medio de otras casas bajas aún en pie. Uno no es capaz de identificar cuánto tiempo llevan destruidas, sólo se puede percibir el dolor que han dejado atrás. Al Gobierno israelí no le basta sólo con demoler las casas con los bulldozers, sino que deja intencionadamente los derrubios con sus toneladas de acero y metal como si fueran gigantes amenazadores, testimonios de la próxima brutalidad a ka que las otras familias de la zona pueden exponerse. Desgraciadamente, son las propias familias palestinas las que han de asumir el coste del desescombro, un precio demasiado elevado que no se pueden permitir pagar, por lo que se ven obligados, a regañadientes, a dejar los derrubios en el mismo lugar.
Antes de llegar, Meir nos explica que la política de destrucción de casas consiste, en realidad, en una política de desplazamientos: contribuye a la desposesión de un pueblo y a su sustitución por otro, con el objetivo de posibilitar la extensión del asentamiento vecino, habitado por judíos. En una simple palabra, empleada oficialmente por el Gobierno israelí: se trata de una política de judeización.
Finalmente, llegamos a nuestro destino. Tenemos el triste privilegio de visitar una de las 10.000 casas palestinas de Jerusalén Este afectadas por el proceso de judeización que arrastran desde hace años órdenes de demolición y a la que Meir está ofreciendo apoyo legal. La casa es propiedad del Sr. Hussein, que vive con su mujer y sus dos hijas adolescentes. Es escalofriante pensar que de todos estos millares de casas amenazadas de demolición por razones administrativas —normalmente, por no tener el permiso de construcción—, aproximadamente unas 150, cada año, son finalmente derruidas. La otra cara de la moneda de esta atrocidad es la construcción de 90.000 casas para los judíos en Jerusalén Este, con lo que se consigue que la población judía sea la más numerosa de la ciudad. A pesar del crecimiento natural de los habitantes árabes de la ciudad —un tercio de los habitantes de Jerusalén es palestino— la Administración israelí normalmente niega el permiso de construcción de nuevas casas a los palestinos, aunque éstos hayan comprado legalmente los terrenos donde intentan construir, de tal manera que los palestinos se ven forzados a construir sus casas ilegalmente, corriendo así el riesgo de su demolición. Sorprendente pero cierto: los hechos hablan por sí solos.
Lo primero que nos enseña Hussein son las casas de sus dos hijos, que han sido derruidas hace pocos meses, justo al lado de la suya. En este momento presencio una de las imágenes más crudas y angustiosas desde que estoy en los Territorios. El testimonio de este hombre nos deja helados y paralizados, mientras nos explica los hechos delante de las casas inexistentes, que son el símbolo de una barbarie perpetrada por un Estado que se autoproclama democrático. Lo que más me impresiona es su mirada, tan desoladora, tan triste, con los ojos medio llorosos y con signos de una fatiga duradera y cara de derrota. No consigo ni acabar de beber el refresco que su buena hospitalidad nos ha servido. Es evidente —tal como nos había dejado entrever Meir— que la disgregación de los núcleos familiares palestinos, el separar las tradicionales familias extensas árabes para impedir que los padres vivan al lado de los hijos, es otro de los objetivos encubiertos de la demolición de casas y uno de los efectos del desplazamiento forzoso de la población.
Una vez vistas las ruinas que hay en el exterior de su casa, aún en pie, Hussein nos invita a entrar en su casa, pero antes de sentarnos en el comedor nos acercamos a la espaciosa terraza. Desde ahí, podemos distinguir perfectamente la proximidad de la colonia judía de Pisgat Ze'ev, que va extendiéndose imparable hasta el cerro árabe en el que se encuentra la casa de Hussein, como si de una metástasis urbanística se tratara. Una vez sentados en el comedor, Hussein, con una gran dignidad, nos comienza a explicar su historia personal, una de entre decenas de miles. Durante toda la conversación que mantenemos con Hussein, sus hijas permanecen al margen y empiezan a hacer la limpieza semanal —puede ser una de las últimas, intentando olvidar las circunstancias y siguiendo con su vida con total normalidad—. Unos minutos más tarde, su mujer se sienta con nosotros, atendiendo al testimonio de su marido.
La de Hussein y su familia es una historia común y conocida entre la comunidad árabe de Palestina. Tenía una casa en el barrio judío de la Ciudad Vieja, desde 1960. En 1967, después de la Guerra de los Seis Días, le obligaron a abandonar la casa y con su mujer se marcharon a la zona de Azariya, relativamente cerca de Jerusalén Este, en la Cisjordania ocupada. Después, construyeron una casa en el mismo centro de Beit Hanina. Querían vivir lo más cerca posible de los límites de Jerusalén. De nuevo, la casa fue destruida. Finalmente, se mudaron a su casa actual, en el suburbio de Tel El Ful. Compró ahí unos terrenos, de manera perfectamente legal, que en condiciones normales deberían considerarse zona edificable. La Autoridad Nacional de la Tierra, una institución de la Administración israelí, le ofreció dinero para recomprarlos, pero Hussein se negó a venderlos y acabó construyendo ahí su casa.
Aún así, la municipalidad de Jerusalén, según el plan urbanístico vigente, había recalificado el terreno sobre el cual estaba edificada la casa de Hussein —y el barrio entero— como zona verde y, por tanto, como zona no edificable. Así, a pesar de ser los propietarios de las tierras, los árabes son obligados por la municipalidad a apelar ante la Corte Suprema de Justicia de Israel, para obtener el permiso de construcción. Mientras no lo obtengan, los casos pasan a quedar bajo orden administrativa de demolición.
Meir nos puntualiza que el Estado de Israel aún se sirve de un antiguo plan urbanístico del Mandato Británico, que clasificaba toda Cisjordania como tierra agrícola, con el objetivo de impedir las construcciones de los palestinos. Aún así, en el caso de las colonias judías este mandato se pasa por alto y sólo se aplica a la comunidad árabe. Pese a ello, los palestinos compran las tierras confiando en que será fácil conseguir este permiso de construcción. Pero la realidad es otra: las licencias de construcción tardan más de seis años en otorgarse, tiempo durante el cual las órdenes administrativas de demolición pueden seguir su curso. Además, en el caso de que pierdan la apelación, la Corte Suprema impone a los propietarios una multa de 1.000 shekels (unos 190 euros) por falta de licencia de construcción, cantidad que deben pagar aún en el caso de que la casa haya sido destruida.
El hecho que considero más admirable y que más me impresiona es que la comunidad árabe, a pesar de conocer los casos de las demoliciones por las que han pasado antes que ellos sus vecinos, se muestra valiente y no recula, se niega a marcharse de sus tierras. Marcharse sería tanto como reconocer que la tierra no les pertenece. Ceder es visto como un acto de subordinación y de normalización —término que hace referencia a la aceptación de la ocupación—, legitimando la política de hechos consumados que Israel lleva practicando durante más de 40 años.
A la situación descrita, se une el hecho de que muchas veces los palestinos pueden demostrar la propiedad de las casas, pero no la propiedad del terreno sobre el que se edifica, pese a que el terreno fue comprado legalmente y pagado religiosamente. En estos casos, el Gobierno alega que los papeles de las escrituras están falsificados. Así, la municipalidad, que es la que ejecuta la política de demoliciones, encuentra aún más motivos para acabar echando por tierra las casas con sus bulldozers.
Afortunadamente, en el caso de Hussein y gracias a la ayuda incondicional de ICAHD —que les presta asesoramiento legal para que puedan acceder a la Corte de Justicia a un precio módico—, el abogado defensor ha podido llegar a parar temporalmente la orden de demolición con una batería de apelaciones y recursos. Lo más sorprendente es que la Corte Suprema de Israel permite presentar recursos siempre que se paguen 5.000 shekels (unos 900 euros) como garantía de que los argumentos en los que se basan están fundados y que no tienen como único objetivo ganar tiempo. Sólo en el caso de que estos argumentos sean considerados sólidos, consistentes y bien fundados, esta cantidad se devolverá al apelante. No obstante, esto no impide que la Corte acabe denegando el permiso de construcción y que, finalmente, la casa sea sometida igualmente a la demolición.
La única explicación que encuentro a toda esta estrategia tan diabólicamente enrevesada de las autoridades israelíes —ya sea el Gobierno, la municipalidad o la Corte Suprema— es la de hacer perder el tiempo, la energía y el dinero a los afectados: ir ahogándolos económicamente y debilitándolos anímicamente.
A mediados de octubre de 2007, la Corte resolverá las apelaciones interpuestas por Hussein y decidirá finalmente el destino de su casa. En el peor de los casos, a partir de este día, para el que faltan apenas dos meses, pueden llegar los bulldozers sin previo aviso cualquier mañana. Meir nos comenta que, en el caso de que finalmente le confisquen la tierra, la indemnización será muy baja, ya que la municipalidad la pagaría como si se tratase de tierra de cultivo, muy por debajo del valor que tenía inicialmente cuando el Sr. Hussein la compró.
En un momento determinado y después de explicarnos su patética situación, le preguntamos si aún tiene esperanza, si aún no ha tirado la toalla. Con una mirada penetrante, pero infeliz, aferrándose a la montaña de papeleo legal formada por las escrituras y los recursos legales que nos ha ido enseñando durante su narración, unos papeles que son su única arma y defensa, nos contesta: ¿Qué puedo hacer? Soy uno contra un millón. Si hay un Dios, él me ayudará. Desgraciadamente las fuerzas divinas aún no han conseguido vencer los bulldozers y parece que tampoco entienden de Davides ni de Goliats.
Antes de marchar, Hussein insiste en que veamos en qué condiciones viven: las habitaciones de la casa no tienen armarios porque están desmontados, amontonados al lado de la entrada principal de la casa; la ropa que antes llenaba los armarios ahora está recogida en grandes bolsas, para que, en el caso de que cualquier mañana o cualquier noche los bulldozers lleguen por sorpresa y la familia deba huir corriendo de su propia casa, les dé tiempo a llevarse estas bolsas. Las demoliciones, en efecto, jamás se avisan con antelación y cuando llegan los bulldozers los habitantes de la casa que se va a demoler tienen a penas unos minutos para marcharse, antes de que las paredes de la casa empiecen a caer sobre ellos.
Llega un momento en el que la hija menor del Sr. Hussein se incomoda por la presencia de tantas personas en su casa. Me pregunto cuánta gente debe pasar por aquella casa para acabar marchándose una vez oído aquel testimonio que te hace sentir impotente, incapaz de hacer nada para parar la barbarie, mientras intentas reconciliarte una vez más con la humanidad. El estrés psicológico que representa saber que en cualquier momento pueden derruir tu casa, y más tratándose de una adolescente... ¿cómo se puede soportar este drama? ¿Hay algo peor? Nuestro llanto se hace inevitable y muchos de nosotros optamos por salir de la casa cuanto antes mejor. El dolor y la pena se hacen insoportables.
Subimos al coche con un silencio ensordecedor, conmovidos por lo que acabamos de vivir. Se me ocurre preguntar a Meir qué posibilidades tiene el señor Hussein de salirse con la suya y mantener su casa en pie. “No saldrá de ésta y, probablemente, durante las próximas semanas le demolerán la casa”, me responde. Las arcas de la municipalidad de Jerusalén tienen un fondo anual destinado exclusivamente a destruir un determinado número de casas, concretamente unas 120-130 cada año. “Es una lucha perdida”, nos confiesa Meir. “La alegría de salvar una casa se desvanece a los cinco minutos porque, involuntariamente, has condenado a otra a ser destruida”.
Resignadamente, arranco el coche mientras en el espejo retrovisor veo la imagen de aquel hombre plantado delante de la puerta, la puerta de su ya inexistente propiedad.
Nota: A día de hoy, 6 meses más tarde de la visita, el Sr. Hussein continúa con la casa en pie bajo una orden de demolición y a espera angustiosa de los bulldozers, después de que la Corte no aceptara las apelaciones interpuestas en octubre de 2007.
Sergi Corbera i Gaju
